Instalación de ascensor

Aprobación de la instalación de un ascensor en una comunidad de vecinos.

Este tema es muy controvertido en las comunidades de vecinos, ya que la instalación de un ascensor conlleva una serie de gastos importantes a asumir por todos los comuneros, tanto a la hora de instalar el mismo, así como posteriormente una serie de gastos asociados (electricidad, línea de telefonía, mantenimiento, etc.) que casi con toda probabilidad  acaben en una derrama y por su puesto en el aumento de las cuotas comunitarias.

¿Es obligatorio la instalación de un ascensor?

Depende de quien lo solicite, hay casos en los que la instalación es obligatoria, por lo que no es necesario que sea aprobada la instalación por una mayoría, y en otros casos, se deberá dar la mayoría de los presentes y no presentes en doble mayoría (votos y porcentaje de participación).

El artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que es obligatorio realizar obras  para eliminar las barreras arquitectónicas a:

  • Personas con discapacidad
  • Mayores de setenta años

Todo ello “[..]con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior […]”

Por lo que si un propietario de un inmueble solicita en reunión de vecinos la instalación de una rampa o un ascensor, y se da alguna de las causas anteriores, ya sea ella o él así como cualquier persona que resida en su vivienda, será obligatorio la realización de las obras para la eliminación de las citadas barreras arquitectónicas, sin necesidad de que lo apruebe la mayoría de vecinos.

Ahora bien, el artículo 10.1 también establece que “[…] siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes”. 

También será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas. (Modificación del punto 10.1 b de la Ley de Propiedad Horizontal por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo)

De este modo  siempre que el importe de la instalación no supere este límite, doce cuotas mensuales o podamos acceder a ayudas públicas que lleguen al 75% del presupuesto, la Comunidad estaría obligada a su instalación y  la totalidad de los propietarios deberán pagar los gastos que se generen para su instalación.

Pero lo habitual es que no podamos acogernos a ayudas públicas y de haberlas no lleguen al 75 % y que el presupuesto hará que se exceda esa hipotética derrama. ¿Qué se hace en esos casos? Pues muy sencillo, el promotor de la propuesta deberá asumir la diferencia de precio entre lo aportado por la Comunidad en la derrama y el precio final.

Si el exceso de presupuesto no lo pudiera soportar el propietario, entonces la instalación deberá ser aprobada en la junta de vecinos, debiéndose dar en primer lugar la mayoría de los presentes, tanto en votos como en porcentaje de participación de la junta, a su vez se  se tendrá en cuenta también a los ausentes, ya que  tras notificarles los acuerdos aprobados en la junta tienen un plazo de 30 días naturales para manifestarse desde la recepción de ese acuerdo provisional. Si en ese plazo no indican su discrepancia al respecto se entenderá que están de a favor de instalación del ascensor, sumándose su voto al de los presentes que votaron a favor en la reunión de la comunidad (artículo 17.8 LPH).

Yolanda Martín

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